1 La relación entre el Capital y el Estado


Interpretación liberal:
 El estado es un instrumento neutral para dirimir conflictos y lograr el bienestar de todos.

Interpretación de clase: El estado es un instrumento de clase, no neutral, para lograr la reproducción del sistema para beneficio de la clase dominante.

Hay diversas interpretaciones acerca de cual es la naturaleza del estado en las sociedades capitalistas. Las explicaciones principales son dos, la interpretación liberal y la interpretación de clase. La interpretación liberal, parte de considerar que la sociedad está formada por personas con igual capacidad de decisión y soberanía, que constituyen un sistema político, el cual tiene como objetivo principal el bienestar de todos sus ciudadanos y resolver los conflictos que se crean entre ellos. Esta línea plantea que el estado es una institución neutral entre las distintas personas y grupos que lo forman. Otra línea de pensamiento, la interpretación de clase, considera que, en la sociedad, las personas forman parte de distintas clases sociales, en la que unas dominan a otras y que el estado tiene como objetivo principal mantener la reproducción de este sistema para beneficio de la clase dominante. En el capitalismo, la clase dominante la forman los propietarios del capital y la clase dominada los trabajadores1; y el estado es un mecanismo crucial del que se sirve el capital para proseguir en su inacabable tarea de obtener beneficios y acumularlos para seguir obteniendo más beneficios. El estado no es una institución neutral. Su objetivo final es reproducir un sistema que permite a la clase dominante —la propietaria del capital— seguir obteniendo beneficios, sin demasiados conflictos con la clase dominada (trabajadores). En una sociedad alternativa sin clases el estado habrá desaparecido, pero mientras haya clases existirá el estado2.

Para nosotros, el estado tiene como objetivo principal el de reproducir el sistema existente para beneficio de su clase dominante. En la actualidad, se trata de reproducir el capitalismo como sistema económico y social. En el capitalismo, la principal función del estado es cooperar con el capital, la clase dominante, para que éste acumule cada vez más y más beneficios y reproducir el sistema por el cual éstos son obtenidos —potenciando lo que se ha llamado una función de acumulación (facilitar que el capital obtenga beneficios y los pueda acumular). No obstante, en las democracias modernas de los países centrales, al mismo tiempo que ese es el objetivo principal, no se pueden ignorar totalmente los intereses de la mayoría de la población, la clase dominada. Para que los conflictos sociales no pongan en peligro la estabilidad del sistema y su reproducción se debe realizar lo que se considera una función de legitimación (atender hasta cierto punto los deseos de las clases dominadas). No obstante, en caso de conflicto entre ambas funciones el estado se inclina siempre por mantener la función de acumulación a costa de la legitimación.

 

La autonomía relativa del Estado

Una de las contradicciones importantes a las que se enfrenta la izquierda reside en como combinar la interpretación sobre la naturaleza de clase del estado con el papel que éste históricamente ha desarrollado, especialmente en los países centrales, garantizando ciertos derechos a los trabajadores y permitiéndoles una sustancial mejora de las condiciones de vida. La necesidad de mantener este equilibrio constante entre facilitar el proceso de acumulación y al mismo tiempo que la clase dominada acepte esta dominación nos puede ayudar a entender que en sus funciones, el estado tiene un cierto grado de autonomía y, por tanto, en el ámbito del estado los distintos grupos sociales pueden luchar para conseguir más espacios y actuaciones favorables a sus intereses. Por el contrario, en el ámbito privado sólo vale el poder económico.

Es decir, la actuación del estado que está dirigida a reproducir el sistema capitalista para beneficio de la clase dominante (acumulación) tiene que tener en cuenta también, hasta cierto límite, especialmente en los sistemas de democracia parlamentaria, los aspectos que afectan a la clase dominada (legitimación). Esto supone que en el ámbito del estado existe también un cierto espacio para la lucha entre los distintos intereses y por tanto la lucha de clases (siempre que no se ponga en peligro la reproducción del sistema, pues en ese caso el estado no duda en recurrir a fuerzas mayores, la fuerza armada). Esto significa que la actuación del estado depende del poder relativo de las diversas fuerzas sociales, y, aunque en el capitalismo, el poder de los propietarios del capital es mucho mayor que el de los otros grupos sociales, en su actuación no puede ignorar totalmente la presión de los demás grupos (trabajadores, clases populares, sindicatos, partidos, ecologistas, feministas, etc.).

Muestra de esta autonomía relativa del estado fue la existencia de un periodo histórico de intervencionismo del estado en la economía, llamado keynesiano3 en el que se crearon y consolidaron los llamados estados del bienestar en los países centrales después del fin de la segunda guerra mundial (que no es el caso de España ni de muchos de los países periféricos4). En esos años, con sindicatos y partidos de izquierda y socialdemócratas fuertes y movimientos de lucha de clase, el escenario geopolítico existente permitió que en la mayor parte de Europa y Norte América el papel del Estado de reproducir las relaciones sociales capitalistas y, principalmente, la circulación y acumulación de capital se combinara con políticas sociales y redistributivas hacia las clases dominadas como no había pasado antes. Fue estableciéndose así lo que se ha venido en llamar el estado del bienestar, mediante el cual, la población conquistó derechos sociales importantes en el ámbito de la educación, la salud, las pensiones, la asistencia social, dando lugar a una mejora importante en sus condiciones de vida. Y lo que es quizá más importante, estos avances se consideraban derechos colectivos, partes integrantes del salario y derechos de ciudadanía. El capitalismo se vio obligado a reconocer tales derechos y modificar la distribución de la riqueza social en consonancia con ello.

No obstante el carácter esencial del estado sigue siendo el de reproducir el sistema para el beneficio de las clases dominantes y facilitar la consecución de la explotación capitalista en sus múltiples niveles. Que suponen, por un lado, la obtención directa e individualizada del plusvalor. Es decir, el objetivo primario de las relaciones capitalistas es la explotación del trabajo para la obtención del plusvalor y estos procesos de explotación toman la forma aparente de la venta y la compra “libre” de la fuerza de trabajo por el capital como una mercancía más en el mercado; Pero por otro lado, es necesario, también, el mantener la coherencia de una sociedad explotadora. Para ello, además de la explotación de los trabajadores individuales basados en la “libertad” del trabajo, son necesarios otros procesos más generales para mantener en orden una sociedad explotadora, para que esta sociedad se reproduzca, como venimos diciendo, cosa que implica también la necesidad de coerción.

En este sentido, debemos entender la función de reproducción del sistema del estado desde estas dos dinámicas. Por un lado, como garante político de la extracción de plusvalor en el puesto de trabajo. Y por otro lado, no sólo como una forma de dominación general (una institución rígida) sino como una forma de lucha en el ámbito de lo general, de lo colectivo. La definición del estado y sus funciones dependen del curso de la lucha de clases, de cómo el capital es capaz de imponer su voluntad o si las resistencias y la lucha permiten formas menos agresivas de estado. No es lo mismo el estado keynesiano de mediados del siglo XX que el estado neoliberal de fin de siglo. Cada vez más, el papel cambiante del estado se articula, de forma no planificada, alrededor de mantener el orden y, en especial, re-clasificar las relaciones de clase, disciplinar a la fuerza de trabajo y diluir y controlar toda resistencia.

Es en esta orientación que se pueden observar los cambios más destacados en la función del estado actualmente. Las políticas que se están aplicando, no sólo refuerzan los mecanismos que permitan una mayor extracción de plusvalor a muy corto plazo, sino que tienen un carácter mucho más general y totalizador abarcando todas las facetas de la vida social.

Si analizamos detenidamente las prácticas que están llevando a cabo los gobiernos de los países centrales, estas prácticas tienen muchas similitudes con las que Marx describió como acumulación “primitiva” u “original” durante el ascenso del capitalismo como modo de producción dominante. Marx detectó las siguientes prácticas: la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzada de poblaciones campesinas que se vieron abocadas a emigrar a las ciudades y convertirse en mano de obra barata para la naciente industria; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad (común, colectiva, estatal ,etc.) en derechos exclusivamente de propiedad privada; la supresión de derechos a las áreas públicas; la mercantilización de las relaciones laborales y la supresión de formas alternativas de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales, e imperiales, de apropiación de activos (incluyendo los recursos naturales); la monetarización de los intercambios y de la tributación5, particularmente de tierras; la trata de esclavos; y la usura6.

Dichas prácticas, sin embargo, no tienen nada de primitivo, ni de original. De hecho, ya Rosa Luxemburg se dio cuenta que estas prácticas no se limitaron a los orígenes históricos del capitalismo sino que constantemente coexisten en el capitalismo ambas formas de acumulación que se entremezclan y se refuerzan. La consolidación y la expansión del capitalismo no puede entenderse sin analizar la relación “orgánica” existente entre la explotación capitalista en sentido estricto y su ampliación actual hasta absorber todos los ámbitos de la vida social. Rosa Luxemburg afirmó incluso que el capitalismo ya habría dejado de existir si no fuera por la constante aportación de nuevos y frescos elementos de acumulación primitiva.

Sin necesidad de llegar a ese punto, es evidente que estas formas de ‘acumulación primitiva’, no han dejado nunca de existir. Si entendemos que los servicios públicos y los derechos sociales no son otra cosa que parte de un salario colectivo o social, para una buena parte de la población, la salida de la crisis estará asociada a una pérdida de sus derechos y condiciones de vida Además, como veremos, tampoco cabe el error de pensar que es algo que sucede exclusivamente en la periferia del sistema a medida que el capitalismo conquista todo el planeta. Todo lo contrario, son prácticas muy presentes también en los países centrales, porque dado que el capitalismo no se puede expandir en ellos geográficamente lo hace a través de colonizar otros espacios de la vida anteriormente ocupados por relaciones sociales no-capitalistas.

 

Del Estado mínimo a los planes de ajuste estructural

La crisis de la década de 1970 fue el acontecimiento que posibilitó al capital el cambiar la correlación de fuerzas dentro y fuera del estado y emprender una restructuración político-económica de las sociedades capitalistas, para intentar acabar con el poder relativo de grupos organizados dentro de las clases dominadas —partidos de izquierda y sindicatos de clase— así como con la voluntad de resistencia de los trabajadores. En ellas, la emergencia tanto a nivel ideológico como político del neoliberalismo en detrimento de la voluntad de obtener más derechos del periodo anterior permitió el inicio del desmantelamiento de los estados del bienestar y la reaserción del poder de la clase dominante, y, en especial del capital financiero.

En el acoso y derribo del estado intervencionista keynesiano por parte de las estrategias neoliberales, se produjeron dos tipos de procesos entremezclados. Por un lado, se desmanteló el papel directo del estado en la economía: se produjo la liberalización comercial, productiva y financiera, permitiendo la libre circulación de productos y factores productivos; se planteó la no intervención del estado en la economía, retirándose el Estado de muchas actividades productivas que había asumido en décadas anteriores, privatizando muchos bienes y servicios públicos y abriendo espacios que pudiera llenar el capital y en los que éste último pudiera obtener beneficios; se potenció la flexibilización laboral, debilitando de manera incesante los elementos que protegían a los trabajadores en su ámbito laboral bajo el pretexto que el trabajo no era/es suficientemente flexible y adaptable a las necesidades de los mercados; se propugnó la austeridad presupuestaria como instrumento para acometer dichos fines dado que cuanto menos impuestos recaude el Estado y menos acceso tenga al déficit y la deuda pública, más limitada verá su actuación.

Por otro lado, paralelamente al desmantelamiento del estado keynesiano y los procesos de liberalización y flexibilización, se ha llevado a cabo la creación de un entramado institucional manteniendo el Estado como eje central para garantizar la extracción de plusvalía, aumentar los beneficios y reforzar el sistema capitalista y el poder de las clases dominantes, esencialmente a través de su función legislativa, desreguladora y en instancias, represora. Al mismo tiempo que se iba generando una muy poderosa economía privada global (la globalización) y aumentaba el papel de las instituciones públicas internacionales para que la sirviesen de marco7. Ejemplos claros de esto son los mecanismos de funcionamiento de los mercados financieros en lo privado, y la construcción de la Unión Monetaria Europa (UEM) en lo público.

Estas políticas permitieron al capital revertir temporalmente la situación de crisis en la que se encontraban en la década de 1970 y restaurar con éxito sus niveles de beneficio. Sin embargo, estas medidas no pudieron solucionar las profundas contradicciones internas del proceso de acumulación y después de unos años bajo una enorme burbuja financiera e inmobiliaria, estalló de nuevo la crisis en 2007 en Estados Unidos, que se expandió por el mundo con toda rapidez8.

Debido a la posición central que ocupa el sector financiero en una economía cada vez más financiarizada los diferentes estados se verán obligados a partir de finales del 2007 a rescatar a un gran número de entidades financieras con graves problemas con tal de evitar una caída en cascada y/o un pánico generalizado que pudiera hundir a todo el sector financiero y gran parte del resto de sectores.

La combinación de aumento del gasto público debido a los rescates y al aumento de las necesidades de gasto social conjuntamente con una importante caída de los ingresos del estado vía disminución de impuestos llevan a un aumento del déficit público y a un importante aumento de la emisión de deuda pública.

Los estados empezarán entonces un periplo por los mercados financieros internacionales de capitales en busca de inversores dispuestos a comprar su deuda pública. Y estos “mercados” exigirán a los estados que ejecuten determinadas medidas de política económica, dicen que para tener confianza en que se podrán pagar las deudas contraídas. Medidas que suponen la adopción de duros programas de ajuste estructural (similares a los aplicados a los países latinoamericanos y asiáticos en el pasado). Así como en la crisis de los setenta el capital aprovecho para impulsar y consolidar el neoliberalismo, actualmente el capital, y en especial los capitales financieros globales, van a aprovechar de la crisis y el aumento de las deudas subsiguientes para orientar las economías todavía más intensamente a su favor.

 

La articulación Capital-Estado a principios del siglo XXI

Hemos señalado repetidamente más arriba que el estado es siempre un instrumento del proceso de acumulación, pero que las formas concretas cambian según la evolución del capitalismo y la correlación de fuerzas de la sociedad. La etapa actual destaca por las nuevas formas y facetas del dominio del capital sobre el estado, y nos parece que merece la pena abordarlas. Actualmente, tras la crisis de 2008, creemos observar un intento de cambio de la articulación entre el capital y el Estado, principalmente en dos direcciones: sumisión del estado a los intereses directos del capital, y, al mismo tiempo, reducir la presencia de lo político en la gestión del país.

Sumisión del estado a los intereses directos del capital: Ya no es suficiente con que el estado facilite la operación de los mercados, sino que el capital va a exigir a los estados que se conviertan directamente en los agentes activos del capital, reduciendo al máximo la función de legitimación. Justificándose con las exigencias ‘que impone’ la crisis de la deuda y con la colaboración de las instituciones públicas internacionales (FMI, BM, OCM, OECD y sobre todo la UE) va a forzar la subordinación del mundo del trabajo y las clases populares mediante agresivas políticas económicas que deterioran grandemente su nivel de vida y sus condiciones laborales. Está intentando destruir todos los mecanismos de defensa de los trabajadores, bien mediante la cooptación de los principales agentes sociales, y cada vez más, mediante legislación y acuerdos que desvirtúan toda la posibilidad de acción colectiva de los sindicatos, cualquier otra representación de los trabajadores, la legislación laboral, exigiendo la destrucción del estado del bienestar para que ellos puedan ampliar su actuación privada en todos los ámbitos del mismo y a avanzar en la mercantilización de toda la sociedad. Legitiman toda esta actuación con la excusa de los problemas de la deuda y las exigencias de los mercados para financiar la misma, sin querer contemplar, de ninguna manera, ni las razones de fondo que han conducido a la misma, ni la responsabilidad de los agentes y el sistema financiero que la han motivado directamente, ni cualquier posibilidad de actuación pública en líneas distintas y menos dañinas para la población.

Las líneas de actuación del estado en esta dirección son múltiples. En parte impulsando los beneficios de la actividad privada, y por otra parte, por medio de la actuación estatal directa.

Impulsando los beneficios de la actividad privada: Aunque las formas que tiene la acumulación en capitalismo son muy variadas podemos destacar algunos de los ejes principales alrededor de los cuales giran los procesos de acumulación hoy en día. Sin embargo, ninguno de los mecanismos, como veremos, es realmente novedoso. Se trata simplemente de una continuación y una profundización de las políticas neoliberales de las últimas décadas. Mencionamos algunas:

Privatización y mercantilización. La mercantilización y privatización de bienes anteriormente públicos ha sido una de las características emblemáticas del proyecto neoliberal. Bajo el pretexto de la ineficiencia de lo público y la superioridad del mercado, todos los organismos económicos internacionales vienen pregonando la necesidad de privatizar amplias campos del sector público. El principal objetivo no es otro que abrir nuevos campos para la acumulación en terrenos que anteriormente se consideraban fuera de los límites del capital. En primer lugar fueron las empresas públicas “no estratégicas”, luego siguieron los servicios públicos de todo tipo (agua, telecomunicaciones, transporte), y posteriormente los derechos sociales (vivienda, educación, atención sanitaria, pensiones), instituciones y administraciones públicas (tales como universidades, laboratorios de investigación, prisiones), e incluso la guerra y la seguridad han sido todos privatizados en algún grado en todo el mundo capitalista.

También han aparecido nuevas fórmulas. A través de la OMC se ha extendido la propiedad privada al material genético, semillas y todo tipo de otros productos. Solo entonces se pueden extraer rentas por su uso. Incluso a través del turismo y de la propiedad intelectual se ha producido la mercantilización y la apropiación de las formas culturales, históricas y de la creatividad.

Un primer paso siempre necesario para la entrada del capital en cualquier ámbito es primero la mercantilización. Es decir, convertir aquellos bienes y servicios en mercancías con una clara voluntad de eclipsar las relaciones sociales que subyacen. Así, por ejemplo, en el caso de la sanidad estamos observando una clara voluntad de convertir a los pacientes en clientes, a los médicos y centros de salud, en proveedores de asistencia sanitaria, a los bienes y servicios públicos ofrecidos en productos y fijar “tasas” (más o menos simbólicas) que simulen ser precios y den la apariencia de mercancías. Una vez convertidos todos en ‘clientes’ el paso siguiente es privatizar los servicios con la excusa de la mayor eficiencia de lo privado y la carencia de fondos para mantenerlos públicos.

Financiarización. La desregulación permitió que el sistema financiero se convirtiera en uno de los centros principales de actividad de redistribución de rentas mediante la especulación, la manipulación y el fraude a través de complejos productos financieros que nadie entendía. Tras el estallido de la burbuja la situación es todavía peor. La desvalorización de muchos productos financieros ha dejado a muchos ahorradores sin buena parte de su patrimonio y el estallido del paro a muchos otros esclavizados a unas deudas contraídas por la compra de unos activos, especialmente viviendas, que ahora tienen un valor muy inferior a la deuda. También a nivel internacional, aquellos países que, como España, se endeudaron enormemente con el exterior, ahora se ven abocados a merced de sus acreedores que aprovecharán la situación para exigir medidas acorde a sus intereses. Para más ironía, el pago de la deuda de los estados supone también una fuerte transferencia de rentas de las poblaciones que pagan los impuestos —en el caso de España muy mayoritariamente los trabajadores— a quienes tienen dinero para ahorrar y compran deuda pública que recibe los intereses y es amortizada con los impuestos.

El ejercito de reserva. La globalización que pone en competencia entre sí a los trabajadores de todo el mundo, y la destrucción de empleo asociada a la crisis hace aumentar el ejercito de reserva y disminuye el poder de los trabajadores realizando una presión constante a la baja sobre los salarios y las condiciones laborales; efecto que se ve aumentado por una incertidumbre cada vez mayor sobre su futuro y unas prestaciones sociales menguantes, sobre las cuales el propio estado se encarga de sembrar la duda de su insostenibilidad en el futuro. Esta situación lleva a los trabajadores a aceptar unas condiciones laborales cada vez más favorables al capital, al no cuestionamiento del trabajo asalariado y a la aceptación de la sumisión en las relaciones de trabajo.

Se establecen unas políticas cuyos ejes para combatir el desempleo son la flexibilidad, la adaptabilidad y la formación (del trabajador); haciendo recaer la responsabilidad de su situación exclusivamente sobre los propios trabajadores que se encuentran en situación de desempleo o de precariedad laboral. Los empresarios mantienen impertérritos que solo los trabajadores son los responsables de su situación. Por lo tanto deben esforzarse en ser más productivos, ser más flexibles ante las necesidades de sus empresarios, ser más adaptables a las distintas circunstancias de los mercados y de la economía y constantemente verse involucrados en una carrera sin fin de formación (eso sí, solo en aquellos campos interesantes para el capital) con la promesa que si hacen todo eso serán trabajadores suficientemente atractivos para el capital y podrán optar a un puesto de trabajo… que no existe.

Podría ampliarse la lista de estos elementos pero la haría excesiva para este trabajo. Pasamos a continuación a recoger algunos aspectos que suponen el apoyo a la acumulación por medio de la actuación estatal directa:

Redistribución estatal. El estado es también un mecanismo de redistribución social a través de la política fiscal y presupuestaria. Mediante recortes en el gasto público que debería apoyar el salario social; reformas fiscales para beneficiar a los rendimientos del capital en lugar de las rentas del trabajo y disminuyendo los impuestos directos para aumentar los indirectos9; la mercantilización de los bienes y servicios públicos mediante tarifas y tasas (por ejemplo en la educación o en la sanidad) y la provisión de una vasta gama de subsidios y beneficios fiscales a las empresas, se llega a la situación actual que en los distintos ámbitos estatal, regional y local las políticas redistributivas suponen simplemente una entrega del dinero público en beneficio de las empresas. En palabras de D. Harvey, “La reversión hacia el dominio privado de los derechos de propiedad común conquistados tras duras luchas de clase (el derecho a una pensión, a la asistencia, a la atención sanitaria) ha sido una de las políticas de desposeimiento más atroces proseguidas en nombre de la ortodoxia neoliberal”.

La administración y la manipulación de crisis. La gestión y la administración de la crisis y de sus tiempos es un mecanismo muy potente para aumentar la acumulación. El discurso de la crisis es aprovechado para impulsar medidas claramente impopulares que apenas generan oposición bajo el pretexto que son sacrificios necesarios (ante los mercados, ante Europa…) para salir de la crisis y que es necesario que todos nos estrechemos el cinturón para salir adelante. Además, la hipoteca que supone el endeudamiento exterior (tanto la deuda pública como la privada avalada explícita o implícitamente por los estados) se convierte en un mecanismo que permite alargar estas prácticas en el tiempo.

El estado como re-clasificador de la sociedad. Paralelamente al proceso de profundización en el modelo de acumulación la crisis ha hecho visible ante amplias capas de la sociedad otra cara del papel del estado: asegurar el “orden” de la sociedad; reproducir las relaciones sociales existentes e intentar impedir cualquier cambio en este sentido que pudiese alterar en “buen” funcionamiento de la sociedad capitalista; impedir que la lucha de clases (en sus múltiples manifestaciones) pueda alterar el proceso de acumulación. En una pocas palabras, impedir la resistencia y la lucha de las poblaciones por sus derechos. … Incluso cuando se permite (e incluso se fomenta) la participación ciudadana se proponen formas estrechamente tuteladas y siempre no vinculantes, despreciando e incluso criminalizando cualquier movimiento ciudadano o social que se atreva ir más allá de lo estrictamente previsto. Y para ello el Estado va a utilizar todos los medios a su alcance. Cuando las degradadas condiciones sociales llevan a la resistencia, aunque sea débil, en aquellos lugares donde la oposición a la acumulación y a la re-clasificación de la sociedad pueda ser más fuerte, el papel del Estado neoliberal asume rápida y crecientemente el de la represión activa: Vigilancia y control cada vez más estrecho a las voces disidentes.

Alejamiento de la toma de decisiones del ciudadano. Existe una tendencia creciente en el conjunto de los países europeos a que las decisiones políticas estén cada vez más alejadas de la sociedad. En las últimas décadas se está observando que incluso dentro del marco de una democracia representativa (en la que buena parte de la sociedad renuncia a ejercer un control directo de la gestión política más allá del voto cada cuatro años y del control que pueda ejercer el parlamento como representante indirecto del pueblo), el poder ejecutivo (en sus múltiples niveles y órganos) está tomando cada vez más autonomía y ni el legislativo ni el judicial son capaces de oponer resistencias. Ejemplos de estas prácticas los encontramos cuando se utilizan procedimientos “express” (p.ej: decretos-ley) para aprobar todo tipo de “reformas” y decisiones impopulares bajo la excusa de la “urgencia”, cuando se crean todo tipo de órganos e instituciones (supuestamente independientes) para trasladar los debates a puerta cerrada o escudarse en que se trata de cuestiones técnicas avaladas por unos expertos y que son cuestiones que no pueden dejarse en manos de los políticos, cuando se niega la posibilidad de debate y discusión alegando que las medidas vienen impuestas por una entidad superior (Madrid, Bruselas, el FMI), etc.

Reducir la presencia de lo político. Al mismo tiempo que exige al estado una intensificación de su actuación en la lucha de clases, el capital, por otro lado, esta intentando reducir al mínimo el papel y la presencia de la política. No es sólo en el ámbito económico donde se está produciendo el agresivo ataque a la población. No está siendo menor el ataque político. La política, por definición, aparece cuando hay proyectos e ideas diferentes y las luchas por imponer o conseguir diferentes formas de sociedad. Es en este sentido que la política desaparece. Cuando dicen que los gobiernos tienen que actuar según dictan los mercados ¿nos damos cuenta que con ello se esta eliminando toda la existencia de una democracia (por débil que fuera ya la democracia parlamentaria existente)? Se está reconociendo que existen unos entes todopoderosos, ‘los mercados’, —además abstractos e inaprehendibles en su identificación ¿Quiénes son? ¿No tienen nombre y apellidos? ¿CIF?— cuyos intereses son los que dictan toda la vida social. Y esto es gravísimo pues niega a las poblaciones toda posibilidad de incidir en sus propias vidas y en el desarrollo social.

La competitividad y los intereses económicos deben pasar delante de todo. Y los intereses económicos y empresariales dominan el ámbito de lo político, ejerciendo un descarado protagonismo en la dirección de la vida y las decisiones públicas. Vemos surgir agentes ‘empresariales’ y ‘técnicos’ que recaban para sí el diseño de la política. Por ejemplo, son cada vez más frecuentes las reuniones de miembros destacados del Gobierno con empresarios y sus técnicos, que pretenden fijar las líneas de actuación de la economía y los aspectos sociales del país. Asimismo, en los primeros meses de 2011 se ha presentado al Rey y a la Moncloa un documento elaborado por la élite empresarial de este país en el que insisten en proporcionar lo que ellos consideran ‘soluciones técnicas’ para España y recomiendan que los temas sociales se dejen en sus manos para una solución más eficiente. ¿Nos damos cuenta lo que esto significa? En lugar de hacer del técnico un servidor del político, se exige el abandono de los asuntos sociales en manos de los primeros. Otro inquietante indicador. Y cuando no, ya está la Comisión Europea forzando aprobar los presupuestos del Estado antes que pasen por el parlamento.

Asimismo tratan de construir ideológicamente “El Ciudadano”. Quieren fomentar un “ciudadano responsable” que es consciente de cual es su lugar dentro de la sociedad (y sobre todo que no lo cuestione) y que se debe dedicar a cumplir su papel lo mejor posible, incluso estar dispuesto a realizar importantes sacrificios personales, porque solo así será posible que el país pueda salir adelante y superar esta situación de crisis. Como ejemplo de estas tendencias recogemos a continuación un comentario sobre un documento reciente relacionado con el proyecto de futuro de la gestión de la sociedad española.10

Buena parte de este Informe se centrará en desenmascarar las prácticas de este tipo que se están llevando a cabo actualmente o que amenazan con llevarse a cabo en el estado español bajo el pretexto de unas políticas públicas que deban permitir que España salga de la crisis en la que nos encontramos.


 

Notas

1. Estas son las dos clases esenciales. Dichas clases sociales básicas se descomponen a su vez en distintos grupos como capitalistas puros, gerentes de sociedades, altos empleados de la administración, técnicos, clases medias, trabajadores intelectuales, administrativos, manuales, trabajadores con o sin empleo, etc. pero esencialmente su carácter depende de si tienen o no capital.

2. La interpretación anarquista del estado. Hay que mencionar también la interpretación anarquista del estado. Para los anarquistas la sociedad está también dividida por la propiedad y los propietarios de la riqueza explotan a los que no la tienen. Para ellos ‘El poder político y la riqueza son inseparables. Los que tienen poder disponen de medios para adquirir riqueza y tienen que orientar todos sus esfuerzos a adquirirlos, pues sin ella no podrían retener aquel. Los que son ricos deben hacerse fuertes, pues, si carecen de poder, corren el riesgo de verse privados de sus riquezas’ (Bakunin). Es decir, la explotación económica es el problema básico, pero como los ricos tienen el poder para permitirla y ambos poderes son inseparables, el poder es al mismo tiempo el opresor. La integración entre el poder económico y político es total y para ellos el estado se convierte en el agente principal de dominio de una clase por otra: ‘está claro que las clases que forman el estado desempeñan el papel de explotadores, y continúan explotándolas’ (Bakunin). Es decir, el estado no es un simple medio al servicio de la clase dominante (definido por la propiedad de los medios de producción), sino que, como estructura de poder, tiene su propia dinámica que mantiene las clases y facilita los medios para el enriquecimiento de la clase dominante. De ahí que para ellos una sociedad justa sólo puede ser una sociedad donde se haya destruido previamente el estado. ‘Estado’ en el contexto anarquista no se entiende como sinónimo de ‘lo público’ en general, sino como una forma específica de organización de ‘lo público’, una forma de organización jerárquica y de poder, a la cual como alternativa se opone el concepto de autogestión y del federalismo como organización de-central desde abajo hacía arriba: ‘El estado es un concepto relacional, una relación entre seres humanos, una forma de interacción de los seres humanos. Destruir el estado significa crear otras relaciones, otras formas de interacción’ (G. Landauer).

3. Por el economista Keynes que era quien propugnaba este tipo de esquemas.

4. En el caso de España el desarrollo del estado del bienestar fue tardío y escaso. Para un análisis más detallado ver el Informe 04.

5. La monetarización de los intercambios y de los impuestos, fue un elemento clave para la transición hacia el capitalismo, incluso en aquellos que consiguieron sortear las olas privatizadoras, pues los campesinos se veían obligados a destinar su producción hacia el mercado en vez del autoconsumo pues al no tenerse que pagar ya los tributos en especies sino en dinero, el mercado era la única forma de conseguirlo. Al orientar su producción al mercado, su consumo también gradualmente se orientó hacia el mercado.

6. A menudo cuando se presenta la acumulación primitiva se corre el peligro de caer en la tentación de pensar que la sociedad precapitalista era una sociedad bucólica. Eso no era así, las sociedades precapitalistas, en la mayoría de casos, eran sociedades de clases, y la mayor parte de la población vivía una vida nada bucólica. No fue casual pues, que para una parte de la población viera con buenos ojos muchas de las transformaciones que se acontecían pues al mismo tiempo que se eliminaban algunos de sus derechos, se eliminaban también algunas de sus cargas y obligaciones e incluso podían ver en la emigración a las ciudades para convertirse en obreros asalariados una posibilidad de mejora en sus condiciones de vida.

7. Estas instituciones públicas existían ya desde el final de la II Guerra Mundial –FMI, Banco Mundial, OCDEpero fueron utilizadas intensamente en la crisis de la deuda de los ochenta de los países periféricos y han ido adquiriendo más peso en la escena mundial con la globalización.

8. Ver informe 6 para las causas de la crisis y informe 7 para las consecuencias en el estado español.

9. El aumento de los impuestos indirectos (por ejemplo el IVA que es un impuesto sobre el consumo) en detrimento de los impuestos directos (por ejemplo el IRPF que grava la renta de las personas) supone un claro aumento de la regresividad del sistema fiscal. Es decir, que proporcionalmente pagan más aquellos que menor renta tienen.

10. Ver articulo Transforma España en este mismo Informe.

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